Este mes se celebran los 11 años y medio de, quizás, la ley que más ha impactado en el mundo de la geriatría, y que en su momento se considero pionera y prioritaria.

Sí, estamos hablando de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia o LAPAD, ley 39/2006, del 14 de diciembre de 2006, o que todos conocemos como “LEY DE LA DEPENDENCIA”.

Con esta ley se reconoció por primera vez como derecho el recibir una atención por parte del estado de aquellas personas más vulnerables, independientemente de su edad.

Sí que con esta ley, al menos en Cataluña, se ha conseguido favorecer altas de centros sociosanitarios, es decir hospitales de primer nivel, con camas de larga estancia o de recuperación funcional (llámalo UME o convalecencia). Pero no podemos perder de vista que los tiempos que conlleva el proceso son muy lentos.

Aún queda mucho por mejorar de y con esta ley. Desde la necesidad de ajustar mejor el cálculo de los posibles beneficiarios, a sobretodo mejorar la patente falta de financiación con la que nació, y que la crisis ha profundizado.

Como decimos la financiación es insuficiente, ya desde un inicio. Pero es que además ahora hay un déficit de 44 millones de euros que el ministerio no ha gastado, por lo que se mantiene una gran ineficiencia.

Además ha habido un proceso para disminuir los grados de dependencia. Lo que al inicio se consideraba un gran dependiente, ahora es un dependiente severo. Es decir, se ha pasado en muchos casos de un grado III a un grado II, lo que conlleva un menor soporte.

Otra cosa que ha sucedido es que con la crisis el beneficiario puede no haber recibido la prestación a la cual tiene derecho, y esto ha sido a causa de la demora para recibir las prestaciones que le tocan. Es más, hay mas de 300.000 personas en lista de espera. Eso sí, el año pasado ha disminuido la lista, en parte gracias a los cerca de 40.000 personas que fallecieron y que no llegaron a percibir ningun tipo de ayuda, a pesar de estar reconocido su dependencia.

Esta situación ha generado acusaciones mutuas de no cumplimiento, entre las administraciones estatales y autonómicas de quién es el que no pone el dinero.

No queremos terminar sin hacer reflexionar sobre la necesidad de construir el cuarto pilar del estado del bienestar, con estándares comparados a los de sanidad y educación.

Es necesario que las administraciones dejen de ver la dependencia como un gasto. Gastar en dependencia es una RESPONSABILIDAD. Debería ser un derecho del ciudadano, basado en una financiación sostenible.

Y es que los poderes públicos deben velar por su ciudadanía. Deben revisar las prioridades y entender que no podemos construir un sistema de atención sin valorar un modelo integrado en la persona. Donde las personas puedan tener la posibilidad de escoger el recurso más adecuado a sus necesidades.

Y es que la ley de la dependencia es una inversión en nosotros mismos. Todos esperamos ser mayores, y todos tenemos o hemos tenido algún mayor que seguro sería beneficiario de ella.

Esta ley tiene que ser una prioridad. No sólo de trabajo social, sino de la sociedad. Nos jugamos mucho.

Montse Miret y Lídia Royo

Trebajadores sociales CSG